En el día de ayer, nos sentamos por primera vez como representantes
electos por el claustro de graduados en el Consejo Directivo. Desde un
comienzo, nos vemos en la obligación de señalar que la sesión de ayer
fue un escándalo político e institucional. Vamos por partes.
En primer lugar, nuestra agrupación presentó 2 proyectos sobre tablas
(ver adjuntos) que se referían, en un caso, a las cesantías de
docentes mayores de 65 años por el artículo 51 del estatuto
universitario. Como ya mencionamos en varias ocasiones, este artículo
y la resolución 2067 CS que permite su aplicación, violan la Ley
Jubilatoria del 82% móvil conquistada por los docentes universitarios
en 2009, que permite que éstos opten por trabajar hasta los 70 años
en caso de no completar los años de aportes necesarios. Por otro
lado, resulta notoriamente anacrónica puesto que plantea que los
docentes son dejados sin cargo sólo por cumplir 65 años, sin
consideración de sus años de trabajo ni de su calidad docente y
académica. De aplicarse efectivamente esta resolución, el próximo 1º
de abril entre 700 y 1000 docentes quedarían sin trabajo, muchos de
ellos no pudiendo siquiera acceder a la jubilación que les
corresponde. En este sentido, el proyecto presentado planteaba la
necesidad de que el Consejo Directivo se expidiera contrariamente a
la resolución 2067 y que el Decano plantease la anulación de la misma
en el Consejo Superior.
En segundo lugar, presentamos un proyecto que repudiaba los despidos
y la persecución gremial a los docentes del Centro Cultural R. Rojas,
que habían sido electos delegados de AGD UBA en diciembre de 2011.
Este hecho había sido notificado a la dirección del Centro Cultural
que, de todas formas, efectivizó los despidos a principios de 2012.
Los docentes del Rojas comenzaron su organización sindical para
luchar contra la profunda precarización laboral a la que son
sometidos: contratos de 4 meses, 2 veces por año para docentes que
trabajan hace 5 o 10 años en la institución.
Ante estos 2 proyectos, el oficialismo de profesores y graduados manifestó
que iba a pedir el pase a comisión, aún cuando señalamos la urgencia del
pronunciamiento (las cesantías se terminarán de efectuar el próximo 1º de
abril y los despidos del Rojas ya son efectivos, dada la pronta iniciación
del ciclo lectivo). Sin embargo, cuando la discusión comenzó de todas
formas, los consejeros oficialistas y el mismo decano volcaron argumentos
y afirmaciones que nos parecen preocupantes y lamentables. En primer
lugar, niegan que los despidos de delegados del CCR Rojas sean
efectivamente despidos. Para ello, argumentan que no puede ser despedido
quien tiene contratos por cierta cantidad de tiempo. Curioso (y circular)
razonamiento el de los consejeros de la gestión que niegan los despidos
amparándose en la propia precarización que genera el empleador (en este
caso la UBA) para luego poder despedir trabajadores sin indemnización. No
sólo eso, sino que prácticamente ninguno de los presentes cuestionó la
flexibilización laboral existente sino que llevaron el debate a límites
absurdos como plantear que si la UBA no puede tener docentes con contratos
basura, quizás en Rojas o las actividades de Extensión no deberían
existir. Para continuar con el dislate (o los futuros planes para la FCEN,
quien sabe) algunos consejeros de la mayoría de profesores (ante el
silencio de Sumatoria, que sería casi una constante a lo largo de la
sesión), también plantearon que no era lo mismo quien ejercía la docencia
de actividades como el Wu Shu o culturales que aquellos docentes que
dictaban materias en el ámbito académico universitario. Es decir que para
la gestión, existen docentes de primera y docentes de segunda, de acuerdo,
por supuesto al propio criterio de la gestión de la facultad.
Curiosamente, o no tanto, el profesor del arte marcial Wu Shu de la FCEN
ha sido recientemente despedido de su cargo docente en la Secretaría de
Extensión, luego de 19 años de trabajo. Curiosamente también, se hallaba
en situación laboral precaria, con contratos anuales (durante los 19
años!).
El oficialismo ninguneó sistemáticamente la persecución política que
sufren los delegados del Rojas, tratando de reducir la cuestión a
una discusión sobre “no renovación de contratos”. Es lamentable que
las autoridades de la FCEyN quieran hacer la vista gorda frente a
hechos de tal gravedad, cosa que no es sorprendente, si se tiene en
cuenta la persecución que perpetraron recientemente contra el Dr.
Pablo Mauas.
En relación a las cesantías por el artículo 51, la gestión de la
Facultad no emitió opinión alguna. No es de extrañar puesto que el
propio Aliaga votó a favor de aplicarlas en el Consejo Superior.
Ambos proyectos (que se adjuntan a este correo) fueron, finalmente,
no tratados y pasados a comisión. A este respecto vemos necesario
señalar que la mayoría estudiantil (FEM/La Mella) no pronunció
palabra sobre ninguno de los dos proyectos ni intervino en la
discusión planteada. Formando parte de una corriente que tiene
intenciones de intervenir políticamente en docentes (y que cuestiona
a la dirección de nuestro gremio, la AGD UBA), llama la atención que
no denuncien a Aliaga en la sesión de CD frente a hechos de esta
gravedad. En este sentido, llamamos a los compañeros de La Mella a
reflexionar y a comprender la necesidad de hacer un frente común
para luchar contra los despidos.
Más tarde en la sesión, se trató un proyecto presentado por la
minoría estudiantil, referido al espionaje ilegal realizado contra
militantes del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 2007. En el
informe que fue dejado anónimamente en el Centro de Estudiantes, se
consignan datos sobre los bienes personales, familiares y vecinos de
los militantes. En su parte resolutiva, el proyecto planteaba
expresar preocupación por lo ocurrido y encomendar al Consejo
Superior el esclarecimiento del hecho. Ante esto, la mayoría de
profesores y graduados planteó que dudaba de los hechos mencionados y
que esto sólo debía ser investigado por la justicia o, en todo caso,
por la Facultad de Ingeniería. En este sentido, ponían el eje en que
las propias víctimas debían ocuparse de juntar pruebas o presentar
inmediatamente la denuncia ante la justicia y evadían la
responsabilidad de la UBA de investigar este hecho. Por otro lado se
escudaban en que el proyecto planteaba la implicación del Decano de
Ingeniería Carlos Rossito, cuando únicamente contextualizaba el
espionaje en un momento en el que el decano había autorizado la
presencia dentro del edificio de agentes de seguridad privada y la
instalación de cámaras de seguridad dentro de la FIUBA. Es conocido
que el mismo Rossito efectuó numerosos sumarios a militantes
estudiantiles y que, en varias ocasiones, protagonizó escenas de
amenazas o amedrentamiento de militantes del Centro de Estudiantes.
El proyecto fue nuevamente pasado a comisión.
Los hechos de esta escandalosa sesión demuestran que Aliaga y las
autoridades están en perfecta sintonía con los cesanteos por el 51,
el ajuste, la precariedad laboral y la persecución a los docentes y
estudiantes que se organizan para revertir esta situación. Su
propuesta de discutir los proyectos en comisión es una simple
maniobra para tratar de lavarse la cara y minimizar el costo
político que significa sostener esta postura. La lucha por los
derechos de docentes, becarios y graduados, la pelea contra los
despidos o la defensa de la educación y la investigación públicas,
no va a venir de este antidemocrático Consejo Directivo. Sólo con
la discusión, el debate y la organización podremos avanzar en este
sentido. Para organizarnos y enfrentar los despidos, tratar
distintos proyectos y temáticas a presentar (como licencia
académicas, estabilidad laboral de docentes auxiliares, igualdad de
derechos entre docentes interinos y regulares y situación de
becarios de investigación), te invitamos a participar de una
Asamblea de graduados de Exactas el próximo lunes 9/4 a las 15hs
en el playón del pab II.
Como cereza del postre, al comenzar la sesión secreta en que debían
tratarse 2 designaciones de Profesores Eméritos, la totalidad de los
consejeros de profesores agredieron fuertemente a nuestra consejera,
que tuvo que retirarse de la sesión por estas agresiones lideradas
por el Consejero Paz (sus gritos se escuchaban desde afuera). Todo
porque nuestra consejera planteó que no estaba en condiciones de
votar, puesto que antes su agrupación quería efectuar una discusión
pública con el conjunto del claustro que representamos y en un
contexto asambleario, y no en una antidemocrática sesión secreta.
Llaman la atención, por lo menos, 2 cosas. Por un lado, que se nos
quiera endilgar la responsabilidad por la demora de los expedientes
cuando ésta fue la primera sesión en que nos sentamos. En segundo
lugar, que consideren que la decisión de discutir públicamente con
el claustro que representamos y la voluntad de votar en el Consejo
Directivo el mandato de dicha asamblea sea "una vergüenza" y "algo
innecesario porque el que tiene que tener una posición es el
consejero". Efectivamente, nuestra agrupación tiene la voluntad
democrática de discutir sus posiciones públicamente y con el resto
de los docentes y graduados. Creemos que esta decisión política no
sólo no merece el ataque indiscriminado y cobarde de la gestión,
sino que debería abrir la puerta a debatir porqué ésta no constituye
una práctica habitual para el resto de las agrupaciones de
graduados.
Esta semana hay dos movilizaciones muy importantes y los invitamos a todos
a asistir:
Miércoles 28/3, 09hs- Clase pública en el Rectorado (Viamonte 444) por la
anulación del 51.
Jueves 29/3, 18hs: Acto en el Rojas (Corrientes 2038) contra la
persecución gremial y la reincorporación de los delegados despedidos.
Lunes 9/4, 15hs: Asamblea de graduados en el Payón del II.
EL TRANSFORMADOR--- Docentes y Graduados FCEN
