Ante la devaluación, el ajuste, el tarifazo y el caos social
Jueves 19 de diciembre, 17hs
MOVILIZACIÓN de CONGRESO a PZA de MAYO
VAMOS POR LO NUESTRO
Desde la derrota electoral del 27 de octubre el gobierno ha tomado la agenda de la derecha: pago a Repsol de más de U$S 8.000 millones, acuerdos en el CIADI (Banco Mundial) por más de U$S 500 millones, fuga de reservas por más de U$S 2.000 millones, "viva la pepa" con los precios que solo en los últimos diez días subieron un 8%. No van en zaga los gobiernos provinciales de todos los signos, aumentando un 40% los impuestos y subiendo las tarifas de transporte en otro tanto.
Las tajantes declaraciones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de negar el doble aguinaldo, un bono de fin de año o la reducción del impuesto a las ganancias que reclaman todas las organizaciones sociales, los jubilados y los sindicatos, es la demostración palmaria de que pretenden descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Entretanto, mientras niegan pedidos a los trabajadores y hacen oídos sordos a sus reclamos huelguísticos, acuerdan en no más de 48 hs con la policía aumentos salariales del 50% al 100% para reforzar el aparato represivo frente a los reclamos populares.
Los partidos del gobierno, la oposición tradicional y el centroizquierda cacarean contra la "desestabilización" y firman en el Congreso acuerdos "democráticos" contra la "extorsión" policial, al tiempo que reclaman el patrullaje de la Gendarmería en todo el país.
Esa es la única respuesta de los gobernantes frente a la miseria que ellos mismos impulsan.
Pero acá no está en riesgo la democracia sino el salario y las condiciones de vida de los trabajadores. Este ajuste diario lleva a la desorganización y el caos social.
Por eso, los trabajadores debemos organizar y liderar la protesta social para terminar con el ajuste en curso y abrir el camino a la obtención de nuestras reivindicaciones.
Llamamos todos los docentes a movilizarnos este jueves 19 de diciembre, de Congreso a Plaza de Mayo, en la movilización convocada por la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista (Partido Obrero).
Lo hacemos por:
El doble aguinaldo o un bono de fin de año no inferior a los $2.000
Un salario mínimo de $8500
82% móvil para los jubilados
Ni un despido, ninguna suspensión
Actualización salarial para todos los trabajadores en base a la inflación real
Universalización de las asignaciones familiares
Abolición del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores bajo convenio
Absolución de los petroleros de Las Heras. Basta de persecución a los luchadores
AGRUPACIÓN NACIONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS
domingo, 15 de diciembre de 2013
viernes, 6 de diciembre de 2013
Por un Convenio de Trabajo único y obligatorio en todas las universidades nacionales. Por la estabilidad laboral. Por la reapertura de la negociación salarial
Declaración de la AGRUPACIÓN NARANJA DE DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS
A los 150 mil docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país
Por un Convenio de Trabajo único y obligatorio en todas las universidades nacionales. Por la estabilidad laboral. Por la reapertura de la negociación salarial
La Agrupación Naranja Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios se dirige a todos los compañeros y compañeras docentes pre y universitarios, cualquiera sea la asociación de base a la que pertenezcan o la federación en la que estén agrupados: es necesaria la inmediata unidad de acción para quebrar la pretensión de los rectores y las burocracias sindicales de imponernos un Convenio Colectivo por empresa, con inestabilidad permanente y el congelamiento salarial hasta junio de 2014.
Convenio
Los rectores y el CIN han afirmado una y otra vez que es “innegociable e inmodificable” la posibilidad de suscribir un Convenio único, a nivel nacional, de aplicación universal e inmediata, para todos los niveles, escudándose en mecanismos como la “autonomía”, la “reserva de derechos” o el “acuerdo plenario 748/2010” del CIN.
Estos supuestos argumentos no son más que falacias. Muestran la voluntad de los rectores que se amparan en la vigente Ley de Educación Superior (LES) menemista y en estatutos reaccionarios, redactados incluso bajo dictaduras militares. Es decir, las normas que mercantilizan y privatizan la educación superior al servicio de los negociados cuyo mayor ejemplo –pero no el único– es el de la megaminera de La Alumbrera.
En este cuadro, la declaración suscripta por las seis federaciones denuncia parcialmente esta situación, ocultando sus causas y negándose a llamar a cualquier movilización unitaria en todo el país para que impongamos el Convenio único nacional, como hicimos con el movimiento huelguístico de 2005 que nos permitió conquistar el blanqueo salarial, recuperar el escalafón y la antigüedad.
Estabilidad
Es sabido por todos que más de 100 mil trabajadores de la educación universitaria somos interinos, contratados o monotributistas. Y que por lo menos otros 20 mil más ni siquiera cobran por trabajar. Como más de una vez hemos denunciado, la universidad es el “paraíso de la flexibilización laboral”. Mientras que el propio Gobierno reconoce un 38% de trabajo en negro, en las universidades que dependen del Estado y son dirigidas por rectores como Tello Roldán, la precariedad laboral alcanza a casi el 80% de la planta docente.
Exigimos la titularización/regularización de todos los docentes interinos que tengan más de 24 meses en sus cargos. El pase a planta de todos los contratados y monotributistas. El salario para todos los docentes ad honorem.
Asimismo exigimos el inmediato cese de todo despido sea de monotributistas, contratados, interinos, regulares que concluyen su período, mientras se negocia un Convenio Colectivo único a nivel nacional.
Hacemos estas exigencias porque todos los meses, todos los cuatrimestres y todos los años, se producen por goteo cientos y cientos de despidos encubiertos sin pago de indemnización por el mero hecho de la no renovación de los nombramientos. Recordamos a todos que éste fue el detonante del Riojanazo que barrió con la dictadura de Tello Roldán. La aplicación de la Ley 26.508, del 82% móvil y el derecho a opción, debe ser universal y ningún rector puede ampararse en la autonomía universitaria para pisotear los derechos laborales y previsionales de la docencia.
En este punto, la declaración suscripta por las seis federaciones es por lo menos insuficiente. Ya que nos habla de un plazo (sin definir) para que nos incorporemos a la carrera docente. No denuncia los despidos en curso. No propone terminar con las formas precarias ni gratuitas del trabajo en la universidad.
Es más: en la reunión paritaria de este 27 de noviembre, y después de haber suscripto la declaración común, el Secretario General de la CONADU, Pedro Sanllorenti, y el Secretario General de la FEDUN, Daniel Ricci, proponen que el tema de los interinatos se resuelva en las paritarias particulares, disolviendo la fuerza del movimiento nacional de la docencia en su lucha por la estabilidad laboral y condenando a los docentes –incluso con más de 20 años de antigüedad- al cadalzo de los concursos “abiertos” por los rectores.
Salario
En el medio de la estampida de los precios de los alimentos, las naftas y una galopante devaluación monetaria, los docentes universitarios recibiremos en los próximos nueve meses un 7% de recomposición a percibir en febrero de 2014.
Esto es producto de haber suscripto, por parte de las burocracias sindicales, el Estado nacional y los rectores, una paritaria de 16 meses, la peor de todo el empleo público.
Como lo hicieron los compañeros docentes de Comodoro Rivadavia, tras un paro con corte de ruta de más de 70 días; debemos deliberar, organizar y movilizarnos para la inmediata reapertura de nuestra negociación salarial y la percepción de un doble aguinaldo a fin de año o de un bono especial no inferior a los $2000. Contra el que ya se han pronunciado, explícitamente, el eterno ministro de Trabajo Carlos Tomada y el titular del Anses, Diego Bossio.
Lamentablemente, la declaración suscripta por las seis federaciones nada dice de esto.
Por lo expuesto, la Agrupación Naranja convoca a movilizarnos el próximo 9 de diciembre al CIN y a todos los rectorados para exigir Convenio Unico y de aplicación obligatoria, estabilidad laboral y ningún despido, reapertura de la negociación salarial.
Asimismo proponemos un Encuentro de asociaciones de base, delegados, activistas, de todas las universidades nacionales, como primer paso para organizar las acciones que nos permitan conquistar las reivindicaciones planteadas.
A los 150 mil docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país
Por un Convenio de Trabajo único y obligatorio en todas las universidades nacionales. Por la estabilidad laboral. Por la reapertura de la negociación salarial
La Agrupación Naranja Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios se dirige a todos los compañeros y compañeras docentes pre y universitarios, cualquiera sea la asociación de base a la que pertenezcan o la federación en la que estén agrupados: es necesaria la inmediata unidad de acción para quebrar la pretensión de los rectores y las burocracias sindicales de imponernos un Convenio Colectivo por empresa, con inestabilidad permanente y el congelamiento salarial hasta junio de 2014.
Convenio
Los rectores y el CIN han afirmado una y otra vez que es “innegociable e inmodificable” la posibilidad de suscribir un Convenio único, a nivel nacional, de aplicación universal e inmediata, para todos los niveles, escudándose en mecanismos como la “autonomía”, la “reserva de derechos” o el “acuerdo plenario 748/2010” del CIN.
Estos supuestos argumentos no son más que falacias. Muestran la voluntad de los rectores que se amparan en la vigente Ley de Educación Superior (LES) menemista y en estatutos reaccionarios, redactados incluso bajo dictaduras militares. Es decir, las normas que mercantilizan y privatizan la educación superior al servicio de los negociados cuyo mayor ejemplo –pero no el único– es el de la megaminera de La Alumbrera.
En este cuadro, la declaración suscripta por las seis federaciones denuncia parcialmente esta situación, ocultando sus causas y negándose a llamar a cualquier movilización unitaria en todo el país para que impongamos el Convenio único nacional, como hicimos con el movimiento huelguístico de 2005 que nos permitió conquistar el blanqueo salarial, recuperar el escalafón y la antigüedad.
Estabilidad
Es sabido por todos que más de 100 mil trabajadores de la educación universitaria somos interinos, contratados o monotributistas. Y que por lo menos otros 20 mil más ni siquiera cobran por trabajar. Como más de una vez hemos denunciado, la universidad es el “paraíso de la flexibilización laboral”. Mientras que el propio Gobierno reconoce un 38% de trabajo en negro, en las universidades que dependen del Estado y son dirigidas por rectores como Tello Roldán, la precariedad laboral alcanza a casi el 80% de la planta docente.
Exigimos la titularización/regularización de todos los docentes interinos que tengan más de 24 meses en sus cargos. El pase a planta de todos los contratados y monotributistas. El salario para todos los docentes ad honorem.
Asimismo exigimos el inmediato cese de todo despido sea de monotributistas, contratados, interinos, regulares que concluyen su período, mientras se negocia un Convenio Colectivo único a nivel nacional.
Hacemos estas exigencias porque todos los meses, todos los cuatrimestres y todos los años, se producen por goteo cientos y cientos de despidos encubiertos sin pago de indemnización por el mero hecho de la no renovación de los nombramientos. Recordamos a todos que éste fue el detonante del Riojanazo que barrió con la dictadura de Tello Roldán. La aplicación de la Ley 26.508, del 82% móvil y el derecho a opción, debe ser universal y ningún rector puede ampararse en la autonomía universitaria para pisotear los derechos laborales y previsionales de la docencia.
En este punto, la declaración suscripta por las seis federaciones es por lo menos insuficiente. Ya que nos habla de un plazo (sin definir) para que nos incorporemos a la carrera docente. No denuncia los despidos en curso. No propone terminar con las formas precarias ni gratuitas del trabajo en la universidad.
Es más: en la reunión paritaria de este 27 de noviembre, y después de haber suscripto la declaración común, el Secretario General de la CONADU, Pedro Sanllorenti, y el Secretario General de la FEDUN, Daniel Ricci, proponen que el tema de los interinatos se resuelva en las paritarias particulares, disolviendo la fuerza del movimiento nacional de la docencia en su lucha por la estabilidad laboral y condenando a los docentes –incluso con más de 20 años de antigüedad- al cadalzo de los concursos “abiertos” por los rectores.
Salario
En el medio de la estampida de los precios de los alimentos, las naftas y una galopante devaluación monetaria, los docentes universitarios recibiremos en los próximos nueve meses un 7% de recomposición a percibir en febrero de 2014.
Esto es producto de haber suscripto, por parte de las burocracias sindicales, el Estado nacional y los rectores, una paritaria de 16 meses, la peor de todo el empleo público.
Como lo hicieron los compañeros docentes de Comodoro Rivadavia, tras un paro con corte de ruta de más de 70 días; debemos deliberar, organizar y movilizarnos para la inmediata reapertura de nuestra negociación salarial y la percepción de un doble aguinaldo a fin de año o de un bono especial no inferior a los $2000. Contra el que ya se han pronunciado, explícitamente, el eterno ministro de Trabajo Carlos Tomada y el titular del Anses, Diego Bossio.
Lamentablemente, la declaración suscripta por las seis federaciones nada dice de esto.
Por lo expuesto, la Agrupación Naranja convoca a movilizarnos el próximo 9 de diciembre al CIN y a todos los rectorados para exigir Convenio Unico y de aplicación obligatoria, estabilidad laboral y ningún despido, reapertura de la negociación salarial.
Asimismo proponemos un Encuentro de asociaciones de base, delegados, activistas, de todas las universidades nacionales, como primer paso para organizar las acciones que nos permitan conquistar las reivindicaciones planteadas.
jueves, 5 de diciembre de 2013
Luján: Por una Dasmi solidaria financiada por la universidad y el Estado.
No a la confiscación de nuestro salario.
Cobertura para todos, por una auditoria electa por los afiliados.
Muchos son los problemas que enfrentamos en nuestra obra social y para solucionarnos necesitamos una propuesta integral
Una obra social se funda sobre el principio solidario y no en principios de racionalidad económica. En los últimos meses DASMI ha buscado incrementar sus ingresos a partir de medidas que van contra el principio de la solidaridad: ha incrementado el piso mínimo del aporte del 3% de los ingresos de los trabajadores imponiendo el piso de un salario por dedicación exclusiva, de esta manera un docente que cobra por una designación simple aporta por una exclusiva, una aberración que representa una confiscación al salario. Ha aumentado el valor de las cuotas de los afiliados adherentes al doble, incluyendo los ad honoren que deben abonar por mes $ 600.- otra aberración de DASMI y de la Universidad donde los docentes, mal llamados ad honoren, no sólo pagan por trabajar sino que también por la obra social. Desde ADUNLu hemos solicitado que la Universidad se haga cargo de la obra social de los ad honoren. Otra forma que busco DASMI de financiarse fue pidiendo a los gremios que se hagan cargo de las cuotas mensuales de los afiliados jubilados.
Es evidente que existen problemas de financiamiento que se han aumentado a partir de los aumentos de los costos, pero los salarios docentes se han visto congelados por la imposición de una paritaria de 16 meses; por lo tanto es claro que la obra social percibe menos ingresos ya que los costos aumentan más rápido que los salarios. DASMI busco contrarrestar esta situación confiscando el salario de los trabajadores. Desde la agrupación Naranja de la UNLu –minoría en ADUNLu- sostenemos que quienes deben hacerse cargo de esta situación es la universidad y el estado no los trabajadores. Luego de que los trabajadores han conquistado poner un límite al impuesto al salario viene DASMI y nos quita lo recuperado. La solución a esta situación es la reapertura urgente de las paritarias, el correlato es claro: si los docentes obtenemos un aumento salarial la obra social aumenta sus ingresos.
Además de que nos confiscan lo que nos corresponde –nuestro salario- el Auditor nos niega sistemáticamente las autorizaciones para prácticas médicas solicitadas por los profesionales que atienden, y conocen, a nuestros afiliados argumentando pomposos criterios científicos y académicos internacionales ocultando que esos criterios son los delineados por el Banco Mundial. Ante una obra social adaptada a la lógica del sistema privado nosotros proponemos un sistema de salud integrado en el cual el centro sea el paciente y no la relación costo-beneficio. No a los coseguros, ni a los excesivos pagos de bonos. Lo que garantiza un sistema de salud integrado es el aumento de salarios y un presupuesto nacional que garantice una obra social de calidad como sucede en otras administraciones públicas que dependen del gobierno nacional.
DASMI necesita una dotación extra de recursos, pero éstos no pueden provenir de los bolsillos de los trabajadores y un nuevo sistema de prestaciones que cubran realmente nuestras necesidades. En lugar de un Auditor, proponemos una junta integrada por representantes gremiales elegida mediante el sufragio de los afiliados.
Por la reapertura de las paritarias que es lo único que puede garantizar el financiamiento de la obra social.
Por una obra social que respete el principio solidario. No a la confiscación del salario.
Cobertura para todos, por una auditoria electa por los afiliados.
Muchos son los problemas que enfrentamos en nuestra obra social y para solucionarnos necesitamos una propuesta integral
Una obra social se funda sobre el principio solidario y no en principios de racionalidad económica. En los últimos meses DASMI ha buscado incrementar sus ingresos a partir de medidas que van contra el principio de la solidaridad: ha incrementado el piso mínimo del aporte del 3% de los ingresos de los trabajadores imponiendo el piso de un salario por dedicación exclusiva, de esta manera un docente que cobra por una designación simple aporta por una exclusiva, una aberración que representa una confiscación al salario. Ha aumentado el valor de las cuotas de los afiliados adherentes al doble, incluyendo los ad honoren que deben abonar por mes $ 600.- otra aberración de DASMI y de la Universidad donde los docentes, mal llamados ad honoren, no sólo pagan por trabajar sino que también por la obra social. Desde ADUNLu hemos solicitado que la Universidad se haga cargo de la obra social de los ad honoren. Otra forma que busco DASMI de financiarse fue pidiendo a los gremios que se hagan cargo de las cuotas mensuales de los afiliados jubilados.
Es evidente que existen problemas de financiamiento que se han aumentado a partir de los aumentos de los costos, pero los salarios docentes se han visto congelados por la imposición de una paritaria de 16 meses; por lo tanto es claro que la obra social percibe menos ingresos ya que los costos aumentan más rápido que los salarios. DASMI busco contrarrestar esta situación confiscando el salario de los trabajadores. Desde la agrupación Naranja de la UNLu –minoría en ADUNLu- sostenemos que quienes deben hacerse cargo de esta situación es la universidad y el estado no los trabajadores. Luego de que los trabajadores han conquistado poner un límite al impuesto al salario viene DASMI y nos quita lo recuperado. La solución a esta situación es la reapertura urgente de las paritarias, el correlato es claro: si los docentes obtenemos un aumento salarial la obra social aumenta sus ingresos.
Además de que nos confiscan lo que nos corresponde –nuestro salario- el Auditor nos niega sistemáticamente las autorizaciones para prácticas médicas solicitadas por los profesionales que atienden, y conocen, a nuestros afiliados argumentando pomposos criterios científicos y académicos internacionales ocultando que esos criterios son los delineados por el Banco Mundial. Ante una obra social adaptada a la lógica del sistema privado nosotros proponemos un sistema de salud integrado en el cual el centro sea el paciente y no la relación costo-beneficio. No a los coseguros, ni a los excesivos pagos de bonos. Lo que garantiza un sistema de salud integrado es el aumento de salarios y un presupuesto nacional que garantice una obra social de calidad como sucede en otras administraciones públicas que dependen del gobierno nacional.
DASMI necesita una dotación extra de recursos, pero éstos no pueden provenir de los bolsillos de los trabajadores y un nuevo sistema de prestaciones que cubran realmente nuestras necesidades. En lugar de un Auditor, proponemos una junta integrada por representantes gremiales elegida mediante el sufragio de los afiliados.
Por la reapertura de las paritarias que es lo único que puede garantizar el financiamiento de la obra social.
Por una obra social que respete el principio solidario. No a la confiscación del salario.
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