Las crisis provinciales están a la orden del día, y la mayoría de las provincias anticiparon su incapacidad para hacer frente a los incrementos salariales de este año. Todas contrajeron deuda dolarizada con el extranjero a tasas usurarias, anticipando más ajustes y tarifazos. El verso del “congelamiento de precios”, se dio luego de un incremento extraordinario del costo de la canasta familiar en enero. La versión de un ‘congelamiento prolongado’ pretende servirle de coartada a la burocracia sindical para acompañar los topes salariales impuestos por el gobierno.
Luego del parazo del 20 de noviembre pasado, las multitudinaria movilización del 22 de febrero, aniversario de la masacre de Once; la enorme adhesión popular que recogió la lucha por la cadena perpetua a Pedraza y los asesinos de Mariano Ferreyra, las huelgas docentes y los reclamos sindicales por las paritarias y el impuesto al salario, son la punta del iceberg de una creciente movilización popular contra el actual estado de cosas.
El gobierno ha aplicado un decretazo sobre la paritaria docente, mientras aprieta a los sindicatos ‘amigos’ a aceptar una pauta de aumentos en torno del 20%. Este año, la cifra salarial final impuesta por el gobierno a los maestros será de un 22% en cuotas, promediando por lo tanto, alrededor de un 16% anualizado. Muy por detrás de la inflación en curso, y de la proyectada.
Luego de 10 años, el gobierno pretende que los docentes de la educación pública trabajen por 3 mil pesos, menos de la mitad de la canasta familiar. Mientras el gobierno nacional y las provincias, tanto oficialistas como opositoras, se pasan la responsabilidad por los aumentos docentes, todos han priorizado el pago de la deuda o los subsidios a empresarios antes que un incremento de los fondos para la educación pública.
Como siempre, el mismo “techo” se intentará imponer a los docentes universitarios y preuniversitarios, depreciando aún más el poder adquisitivo de nuestros ingresos.
El “techo” a los aumentos salariales tiene además como aditamento la actualización irrisoria del mínimo no imponible en un 20%, luego de dos años de congelamiento. Con esto, el gobierno pone un cepo a las paritarias que rompan el “techo” del 20%.
La escala progresiva del impuesto alcanzará a un mayor número de trabajadores. Como están las cosas, sólo 420.000 trabajadores pagarán el 9% del excedente de los mínimos, mientras 1.200.000 pagarán entre un 14 y un 35%. Después de las paritarias, se irán incorporando más de un millón a distintas escalas.
Fue la presión de las bases la que obligó a que los cinco gremios docentes nacionales del nivel educativo obligatorio convocaran de cara al inicio de las clases un paro nacional de 24 horas, al que adhirió la CONADUH.
Al techo salarial y el impuesto al salario, los docentes universitarios debemos sumar una confiscación más, el robo del 4,5% perpetrado por la CAJA complementaria, creada bajo la dictadura a través de un convenio firmado por los interventores de turno. Desde enero, la confiscación de este porcentaje se le realiza a TODOS los docentes de la universidad sobre su sueldo bruto, engrosando en unos 80 millones anuales una CAJA manejadas de espalda a la docencia por el Ministerio de Educación, Ctera, Uda, Sadop y Amet. Esto a pesar de que ya pagamos por nuestra jubilación un 2% extra todos los meses para percibir el 82% móvil conquistado en la Ley 26.508. Con esta nueva confiscación, nuestro aporte previsional es del ¡17,5%! Una confiscación brutal.
Desde la agrupación Naranja, conducción de la AGD, planteamos la necesidad de luchar por la reapertura inmediata de las paritarias universitarias y la unidad con la lucha docente en curso, reclamando a las centrales sindicales que convoquen a un paro de 36 horas para arrancar las demandas.
Llamamos a los docentes a rechazar el tope salarial de 22% en cuotas y a sumarse activamente a la lucha, movilizándonos el próximo 6 de marzo junto con los docentes de los restantes niveles al Ministerio de Educación para reclamar la reapertura de la negociación y paritarias libres sin techo; y el próximo 14 de marzo al Ministerio de Trabajo, junto con la CTA, para reclamar la derogación del impuesto al salario y el tope a las asignaciones familiares.
· Reapertura inmediata de las paritarias y un aumento de emergencia del 35% de bolsillo, libre de impuesto.
· Por la media canasta familiar para el cargo testigo sin sumas grises ni negras
· Por la actualización periódica de los salarios.
· Eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores.
· Asignación familiar por hijo de $700 para todos los trabajadores.
· Salario para todos los docentes ad honorem. Implementación de la segunda etapa del programa para garantizar que ningún trabajador docente trabaje gratis.
· Plena vigencia de la Ley 26508. Derecho de opción para todos los docentes.
· Auténtica carrera docente que garantice la estabilidad laboral de toda la planta docente.
· Aumento del presupuesto universitario.
Agrupación Naranja
Docentes e Investigadores Universitarios
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